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© UN Photo/John Isaac
Nida Mushtaq - @nedo182
27 Junio 2016

La implementación por Pakistán de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ratificó en 1990, fue revisada recientemente por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. El Estado parte estuvo representado por una delegación de once personas, entre ellas un ministro federal y el embajador de Pakistán ante la ONU.

Para la revisión, la Coalición de Pakistán por la Educación y siete organizaciones nacionales de la sociedad civil, junto con aliados internacionales como la Asociación del Asia - Pacífico Sur para la Educación Básica y de Adultos (ASPBAE, por sus siglas en inglés) e Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GIESCR, por sus siglas en inglés) presentaron un informe paralelo sobre temas clave del derecho a la educación.

El Comité, integrado por expertos en derechos de los niños e informado por nuestro informe paralelo, cuestionó el fracaso de Pakistán en la adopción de legislación sobre el derecho a la educación obligatoria en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa y en los territorios de Gilgit-Baltistan y Cachemira, así como la débil aplicación de la legislación sobre el derecho a la educación en las provincias donde estas leyes existen. El Comité también expresó su preocupación por la privatización de la educación y, en particular, por la falta de medidas para garantizar que las escuelas privadas cumplan con los estándares mínimos en cuanto a normas educativas, requisitos curriculares y cualificación de los docentes. En relación con las cuestiones mencionadas, el Comité expresó su preocupación por la asignación excesivamente baja del presupuesto a la educación.

Cabe señalar que el sector de la educación en Pakistán es uno de los más desatendidos en términos del porcentaje del PIB asignado. Si se quisiera alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible actual en materia de educación, la asignación presupuestaria a la educación tendría que triplicarse. Además, el sector privado tiene vía libre e incluso recibe subvenciones del gobierno como parte del impulso por acelerar las matriculaciones. En vista de una campaña tan agresiva de las políticas de privatización, el destino de los niños más desfavorecidos sin acceso a una educación pública de calidad se ha convertido en una cuestión urgente de derechos humanos. Y parece que el Comité está de acuerdo.

Como representante de la sociedad civil paquistaní, tras haber tenido la oportunidad de asistir a la sesión y de interactuar informalmente con los miembros del comité y la delegación del Estado, tengo algunas observaciones contradictorias sobre toda la experiencia.

Para la Coalición de Pakistán por la Educación y nuestros aliados nacionales e internacionales fue un logro poder persuadir al Comité de que hiciera preguntas pertinentes basadas en nuestro informe paralelo presentado para el período de sesiones. Sin embargo, a pesar de la gravedad de las cuestiones, las respuestas que obtuvimos del Estado parte fueron evasivas y, en algunos casos, casi críticas.

La sesión comenzó con el presidente Mezmur asegurando a la delegación paquistaní que la evaluación no era una inquisición, sino más bien un diálogo en un ambiente amistoso. Sin embargo, la delegación parecía haber adoptado una actitud defensiva desde el principio. Hubo muchos casos en que la delegación representó falsamente hechos y cifras, algo que el Comité observó. El asesor educativo del Ministerio Federal de Educación y Capacitación no pudo responder adecuadamente a las preguntas sobre la insuficiente asignación de recursos para la educación y la privatización irrestricta que conduce a la discriminación y la segregación en la sociedad. En su lugar, culpó a la “guerra contra el terror” y a los talibanes por poner a Pakistán en esta situación. El ministro de Derechos Humanos, Zafarullah, también afirmó que en todas las provincias se habían aprobado leyes sobre el derecho a la educación, lo que evidentemente no es cierto, como dejó claro el Comité en sus observaciones finales.

En general, la delegación paquistaní se mostró indiferente ante la revisión: al representante permanente ante la ONU se le vio a menudo combinando la sesión con otros compromisos. El ministro federal de Derechos Humanos,  Zafarullah en numerosas ocasiones también culpó a las ONG nacionales de no cooperar con el gobierno y les atribuyó la culpa de muchos problemas en el sector social y de desarrollo. Estos comentarios de la delegación estatal reflejan una desconfianza profundamente arraigada de las ONG nacionales y el enfoque evasivo hacia el sector social. El Comité también se mostró preocupado por este hecho, destacando en sus observaciones finales que “la cooperación con la sociedad civil es limitada y se imponen restricciones a ciertas organizaciones no gubernamentales”.

Todo esto plantea serias dudas sobre el compromiso de Pakistán con el derecho a la educación, su cooperación con la sociedad civil para asegurar la aplicación efectiva del derecho a la educación y su voluntad de cooperar con las Naciones Unidas y asumir la rendición de cuentas de sus obligaciones legales, que aceptó voluntariamente al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño.

La actitud indiferente de Pakistán quedó perfectamente resumida en unas declaraciones improvisadas de un miembro de alto rango de la delegación: “... todo va bien con la educación en Pakistán, así que no se preocupen”. 

Nida Mushtaq es Coordinadora de Investigación de la Coalición por la  Educación de Pakistán (PCE). Actualmente está involucrada en un estudio de seguimiento del presupuesto para determinar si las escuelas reciben dinero en Pakistán, y de la privatización de la educación.

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