El número de niños educados en el hogar ha aumentado de manera notable en los últimos 30 años. Sin embargo, el panorama global es desigual, con poca coherencia en lo que respecta a la legislación y reglamentación, incluso entre países de la misma región.

Un breve análisis muestra que la educación en casa es legal en Australia, Nueva Zelanda y Canadá. En los Estados Unidos, educar a los niños en el hogar es legal en los 50 estados y se estima que actualmente más de dos millones de niños reciben educación en la casa, comparado con diez mil a principios de los 80.

En India, si bien la ley de 2009 sobre el derecho a una educación gratuita y obligatoria (Right to Free and Compulsory Education Act 2009) no contiene ninguna disposición que prohíba o permita expresamente la educación en el hogar, la práctica fue permitida de manera informal luego de una declaración, hecha en 2010, por el entonces ministro de educación, Kapil Sibal, quien dijo lo siguiente: “si alguien decide no enviar a sus hijos a la escuela, nosotros no vamos a interferir”. Se estima que medio millón de niños son educados en el hogar por año.

La información sobre la situación de la educación en el hogar en el continente africano es escasa. Sudáfrica es una excepción, ya que la educación en el hogar es permitida expresamente en el artículo 51 de la ley de educación de ese país (South African Schools Act, 1996). La ley establece que los padres deben inscribir a los hijos educados en el hogar en el departamento provincial de educación. Sin embargo, muchos departamentos de educación no tienen la capacidad suficiente como para administrar ese proceso de inscripción, y, por lo tanto, muchos padres simplemente no cumplen con este requisito.  Consiguientemente, no existen cifras exactas del número de niños educados en el hogar, pero se estima que son entre sesenta mil y cien mil niños, anualmente.  

En Europa, si bien la educación en la casa parece estar en gran parte aumentando, la situación en lo que respecta a la legislación y reglamentación es heterogénea. En algunos países, tales como Francia, Reino Unido, Austria, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia, la educación en el hogar es aceptada como una alternativa legítima a las escuelas públicas y privadas.

En cambio, la educación en casa es ilegal en varios países europeos. Los Países Bajos, Alemania y España están entre estos últimos, mientras que en Suecia, la regulación de este tipo de educación es tan exigente, que se la percibe como una prohibición de facto.

¿Cómo se explica entonces esta diferencia en la libertad educativa respecto a la educación en el hogar? ¿Qué dice el derecho internacional sobre el derecho a ser educado en la casa?

Según el derecho internacional, el niño es el beneficiario principal del derecho a la educación y la educación debe responder a ciertos objetivos. De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  (1966, ICESCR por sus siglas en inglés , Artículo 13 (1)) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989, CRC por sus siglas en inglés, Artículo 29), la educación deberá estar encaminada, entre otras cosas, a “Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades”. Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés), estipula, en su Observación general 13, que cualquier sistema de educación debe ser “aceptable”, es decir, de una calidad y pertinencia suficientes para el pleno desarrollo del niño, y “adaptable”, por ejemplo, a las necesidades y contexto de la sociedad donde vive el niño. Por último, todo sistema de educación debe “capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre”. 

El derecho internacional estipula, además, que los Estados están legalmente obligados a estructurar sus sistemas educativos, sean estos públicos o privados, de manera que garantice la satisfacción de estos requisitos (ICESCR, Artículo 13; CRC, Artículos 28 y 29). En definitiva, lo que esto significa es que el derecho internacional impone obligaciones a los Estados para garantizar que los niños, como portadores de los derechos, puedan disfrutar de su derecho a la educación y que la impartición de esa educación debe cumplir con ciertos objetivos y normas mínimas.

Visto desde esta perspectiva, sería comprensible que los Estados consideren el hecho de retirar a un niño de un sistema escolar reglamentado, ya sea privado o público, establecido para satisfacer los objetivos de la educación, con el fin de que sea educado en un ambiente no estructurado y por alguien que podría no poseer ninguna formación docente, estaría en desacuerdo con el pleno disfrute del derecho a la educación del niño y su oportunidad de desarrollarse al máximo de sus posibilidades. En el caso de Suecia, por ejemplo, la justificación de las autoridades de educación para regular estrictamente la educación en el hogar se basa en el derecho del niño a ser instruido siguiendo un plan de estudios objetivo y basado en las ciencias, por docentes profesionales. Del  mismo modo, el ministerio de educación alemán hace hincapié en el papel fundamental que cumple la escolarización en la socialización del niño y la importancia de esa socialización para otras culturas, religiones y costumbres, a fin de que todo niño se convierta en un buen ciudadano dentro de una sociedad cada vez más multicultural.

No obstante, no hay que olvidar que la libertad educativa, una forma clave de ejercer el derecho a la libertad de religión y de conciencia, es sumamente importante para las sociedades democráticas, tolerantes y plurales.  De hecho, uno de los impulsores de la creación de la ley de derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial fue el deseo de proteger las libertades de las minorías religiosas 

Entonces, si bien los niños son los principales beneficiarios del derecho a la educación, el derecho internacional reconoce que no son portadores de derechos totalmente autónomos y que los padres (y tutores legales) tienen el derecho de ejercer la libertad de religión y de conciencia, la cual incluye la libertad de escoger cómo educar a sus hijos sin interferencia innecesaria del Estado (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [1966, ICCPR, por sus siglas en inglés], Artículo 18 (4); ICESCR, Artículo 13 (3)).

Con el fin de respetar la libertad de religión y de conciencia de los padres, los Estados deberán:

  • Garantizar que en la escuela pública se imparta enseñanza religiosa y ética “de manera neutral y objetiva” y deberán ofrecer exenciones y alternativas (Comité de los Derechos Humanos, Observación general 22, párrafo 6).
  • No interferir en la manera de educar a los niños en la casa (es decir, fuera de la escuela) (ICCPR, Artículo 18 (4)).
  • Permitir a los padres la libertad de escoger para sus hijos otras formas de educación que estén de acuerdo con sus convicciones religiosas o morales, incluidas formas distintas de las creadas por las autoridades públicas (es decir, escuelas privadas) (ICESCR, Artículo 13 (3)).
  • Permitir a los actores no estatales (tanto particulares como organizaciones) la libertad de establecer escuelas privadas a condición de que respeten las normas mínimas de educación (ICESCR, Artículo 13 (4); CRC, Artículo 29 (2)).

La libertad de los actores no estatales de establecer escuelas privadas, aunque íntimamente ligada a la libertad de religión y de conciencia y elemento clave para protegerla, se extiende a todas las personas. Esto significa que cualquiera puede establecer y dirigir cualquier tipo de escuela (con ciertas restricciones, como se menciona más abajo). Además de las escuelas religiosas, las escuelas que responden a las necesidades de los poblaciones indígenas, particularmente las minorías lingüísticas, son comunes y constituyen un medio clave para proteger la cultura. Es también el caso de las escuelas que emplean pedagogías alternativas, como, por ejemplo, el aprendizaje por la práctica y la formación autodidacta, y las escuelas donde los alumnos se concentran en sus pasiones y talentos no académicos, como el deporte y las artes escénicas.

Entonces, ¿por qué algunos países no incluyen dentro de las libertades de los padres el derecho a educar a sus hijos en el hogar?

La respuesta no se encuentra simplemente en examinar por separado los derechos y las libertades de los padres y los niños según el derecho internacional, sino también en la manera en que esos derechos y libertades se traducen en legislación en los diferentes países, y cómo, en particular, los países negocian las libertades de un grupo con respecto a los derechos de otro grupo.

Como la educación es un derecho humano, el Estado siempre tendrá un papel en la política educativa. No puede simplemente dejar la educación en manos de actores no estatales. Según el derecho internacional, el Estado tiene, cuando menos, la obligación de reglamentar y supervisar la educación impartida por actores no estatales para garantizar que responda a los objetivos de la educación (CRC, Artículo 29; CRC Observación general 1; ICESCR, Artículo 13 (1)) y “se ajuste a las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe” (ICESCR, Artículo 13 (3); CRC, Artículo 29 (2)). 

El derecho internacional de derechos humanos deja a cada país la responsabilidad de determinar sus propias normas mínimas en materia de educación, de acuerdo con su contexto y sus valores. Estas normas no están establecidas, aunque el CESCR indica que podrían referirse a cuestiones como la admisión, los planes de estudio y el reconocimiento de certificados (Observación general 13, párrafo 29). Además, está claro que, según la obligación de garantizar el respeto por los derechos humanos, las normas mínimas no pueden permitir a los actores no estatales violar los derechos humanos, por ejemplo no pueden permitir que las escuelas privadas discriminen contra ciertos grupos.

En vista de que el derecho internacional no exige expresamente a los Estados reconocer a los padres que educan a sus hijos en el hogar como actores no estatales ni financiar la educación privada ni la educación en el hogar, cualquier libertad de los padres de educar a sus hijos en la casa deberá ajustarse a las normas mínimas establecidas por el Estado para reglamentar la impartición de educación de calidad por actores no estatales, con el fin de proteger el derecho del niño a la educación.

Por ejemplo, sabemos que en los Estados Unidos la gran mayoría de padres que actualmente educa a sus hijos en el hogar los sacaron del sistema educativo convencional porque desaprobaban lo que perciben como una educación secular y liberal y desean educar a sus hijos de acuerdo con sus tradiciones religiosas. En general, la regulación de la educación en el hogar es relativamente floja en la mayoría de los estados de Estados Unidos, incluso varios de ellos ni siquiera exigen que los niños se registren ni se sometan a exámenes obligatorios. Por lo tanto, las normas mínimas establecidas para proteger los objetivos de la educación son relativamente débiles y la libertad de los padres de educar a sus hijos en la casa se ejerce con facilidad. Esta falta de rigidez de la regulación ha conducido, sin embargo, al efecto perverso de hacer que los padres saquen a sus hijos del sistema de educación pública para educarlos en el hogar, debido a la discriminación racial. En estos casos, si bien los padres están ejerciendo su libertad de escoger lo que consideren mejor para sus hijos, y no hay una interferencia indebida del Estado, la decisión surge de una discriminación dentro del sistema de educación pública. 

En el extremo opuesto está Alemania, donde el sector educativo está estrechamente regulado hasta el punto en que la educación en el hogar es contraria a la ley. En aquellos casos en que los padres se rehusaron a cumplir con la ley de escolarización obligatoria en una escuela pública, privada o independiente, oficialmente reguladas, los niños fueron apartados de su hogar y colocados bajo el cuidado de la autoridad local. 

En un caso particular, interpuesto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la familia Konrad, los padres cuestionaron la prohibición absoluta de la educación en el hogar de Alemania, considerándola una negación de su libertad de religión. Sin embargo, en su decisión de admisibilidad, el TEDH convino con las autoridades alemanas en que los niños Konrad debían asistir a una escuela pública, privada o independiente oficial y que esta obligación no vulneraba la libertad religiosa de los padres, pues los niños podían recibir una formación religiosa fuera del horario escolar o asistir a una escuela religiosa de su elección. Además, la postura de Alemania respecto a la educación primaria obligatoria en una escuela oficialmente aprobada se basaba en razones legítimas, concretamente el interés superior de los niños Konrad y el hecho de que la educación primaria no se refiere solamente a la adquisición de conocimientos, sino a la integración en una sociedad y a la prevención de la emergencia de sociedades paralelas. Para leer sobre las críticas de este caso ver aquí.

¿Existe el derecho a la educación en el hogar?

En el fondo, la respuesta a la pregunta si hay o no un derecho a recibir educación en el hogar según el derecho internacional, la respuesta es no. Los padres tienen la libertad de criar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales, sin una interferencia innecesaria del Estado. Por otro lado, los niños tienen derecho a la educación. Ambos son importantes, pero la libertad de los padres no puede impedir los derechos del niño. Los Estados deben garantizar que los padres puedan ejercer al máximo la libertad de criar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales, asegurando al mismo tiempo que esta libertad no vulnere el derecho a la educación del niño.

El punto en el que un Estado puede interferir legítimamente con la libertad de los padres respecto al derecho a la educación del niño está determinado por las normas mínimas que establezca, a fin de proteger los objetivos de la educación y garantizar que todos los niños disfruten del derecho a la educación, de conformidad con lo dispuesto en el derecho internacional. Además, como hemos visto, según el derecho internacional, corresponde a los Estados mismos determinar las normas y los reglamentos, y, por consiguiente, establecer hasta qué punto los padres tienen la libertad de educar a sus hijos en el hogar. 

Créditos fotos: jimmiehomeschoolmom / CC BY-NC-SA, IowaPolitics.com on Visual hunt / CC BY-SA

Comentarios

Un article faux de bout en bout. Mal documentés et archétypique d'une certaine légèreté d'esprit.
Les chiffres sont fantaisistes, déjà. On se contente ici de reprendre laborieusement les données officielles dont plus personne n'ignore qu'elles sont maquillées (qui croirait sincèrement aux chiffres de la croissance ou du chômage ?).
Certains propos sont également contraires à ce qu'il faudrait dire, tels que: "Finalement, cela signifie que le droit international oblige les États à s’assurer que les enfants, en tant que détenteurs de droits, puissent jouir de leur droit à l'éducation et que cette éducation soit conforme à certains objectifs et normes minimales." On parle ici de droits à l'éducation comme putatifs, alors qu'ils sont imprescriptibles et inaliénables. Qu'il y ait tentative frauduleuses des GOUVERNEMENTS (et non des Etats) de détruire des libertés est une chose. Ce qui demeure en droit en est une autre.
Ensuite, dire "De ce point de vue, il semblerait compréhensible que les États considèrent que le fait de retirer un enfant d'un système scolaire réglementé - privé ou public - configuré pour atteindre les objectifs de l'éducation, afin qu'ils soient éduqués dans un environnement non structuré, et par une personne qui ne possède pas de qualification pédagogique, soit en contradiction avec la pleine jouissance du droit à l'éducation de cet enfant et la possibilité de développer pleinement son potentiel" est clairement dans une perspective inversée puisque l'école a démontré son incapacité à respecter ces prescriptions. C'est elle qui obtient les mauvais résultats, pas les parents. Et pour cause: les programmes officiels sont par nature déstructurants.
Des fausses valeurs: "L'éducation étant un droit humain, l'État aura toujours un rôle à jouer dans la politique de l'éducation." Jamais de la vie ! L'Etat doit instruire, pas éduquer.
Par ailleurs, il manque beaucoup de références légales, notamment les grands textes fondateurs.
"En fin de compte, en réponse à la question de savoir s'il existe un droit à l'enseignement à domicile en vertu du droit international, la réponse est non" Conclusion à laquelle on s'attendait et bien sûr erronée, ce droite existe formellement. On le découvrira sur notre site, à la page de la loi.

On se reportera plutot sur cet article qui cite tous les textes concernés:
https://l-ecole-a-la-maison.com/la-loi-en-resume/

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